El régimen cubano y la crisis en el caribe

Agosto de 2025 marcó el punto de partida. En ese mes, la administración del presidente Donald Trump ordenó un despliegue militar sin precedentes en el mar Caribe y en aguas cercanas a Venezuela. Lo que comenzó como una operación focalizada en combatir el narcotráfico se transformó rápidamente en un posicionamiento estratégico que ahora irradia efectos políticos y económicos sobre todos los países dentro de la zona.

La llamada Operación “Lanza del Sur”, encabezada por el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y avanzado de la Armada estadounidense, llegó acompañada por destructores con misiles guiados, buques anfibios y unidades expedicionarias de la Infantería de Marina —más de 4.500 marines y tripulaciones—. En conjunto, el despliegue suma cerca de 14.000 efectivos y ocho buques de guerra, según reportes del Pentágono.

Las operaciones combinadas contra el narcotráfico han creado un auténtico “tapón” en pleno Caribe. El bloqueo ha impedido no sólo el movimiento de narcolanchas, sino también la circulación de petróleo como se confirmaba el 11 de diciembre con la captura del Skipper, un mega buque petrolero que transportaba crudo rumbo a Cuba, y otro tipo de navios que mueven ademas de víveres y bienes que, aunque no pertenezcan formalmente al narcotráfico, circulaban bajo el amparo logístico de la narco dictadura.

Oficialmente, Estados Unidos defiende la operación como parte de una lucha necesaria contra organizaciones transnacionales de narcotráfico y el llamado “narco-terrorismo”, asociado a redes vinculadas al Cartel de los Soles.

Pero el establecimiento de esta fuerza militar en el Caribe —más allá de los problemas internos que le ha generado al propio Trump en su país— se está convirtiendo en un verdadero desafío para las narco-economías de Colombia, Venezuela y Cuba, las más relevantes del Caribe en términos de los beneficios que obtienen del tráfico de drogas.

Colombia, como mayor productor de coca de la región; Venezuela, como punto de partida de las rutas principales, Honduras y Cuba, como corredor obligado, conforman el eje fundamental del problema del narcotráfico en el Caribe. Esta economía ilícita perpetúa el subdesarrollo en estas naciones, alimentando corrupción política, violencia y un atraso social profundo, al que se suma el peso de políticas de izquierda que agravan aún más la ecuación de la miseria.

Al principio —y me incluyo— muchos pensamos que la operación estadounidense sería rápida, violenta y contundente. Sin embargo, con el paso de los días y la aparente inacción de las tropas, surgieron rumores de que quizá se trataba más de una maniobra política que militar, destinada a forzar la renuncia de Maduro, en ausencia de resultados visibles más allá de la captura de pequeñas embarcaciones.

Pero estábamos viendo el metraje incompleto.

El narcotráfico es una actividad comercial —ilícita, sí, pero comercial—. Y en cualquier mercado, quien vende busca satisfacer una demanda sin perder dinero. Los narcotraficantes, como cualquier comerciante, evitan arriesgar su capital, por lo tanto, si no pueden operar con su logística habitual, suspenden actividades o buscan rutas alternativas. La logística tradicional implicaba enviar embarcaciones pequeñas, de pocas toneladas, pero en grandes volúmenes. Con el bloqueo, esta operación se volvió casi imposible.

Me atrevo a afirmar que muchas de las embarcaciones atacadas fueron intentos de “medición” por parte de los narcos, para evaluar la capacidad de reacción de las fuerzas norteamericanas. Al comprobar que el cerco era impenetrable, el flujo se detuvo abruptamente.

Este efecto era predecible y, de hecho, lo anticipé en un artículo previo. Sin embargo, mi análisis se centraba en las consecuencias para Venezuela, la falta de recursos para Maduro y para su aparato militar. Lo que no preví fue el impacto devastador sobre Cuba, un régimen cuyo sostén económico depende en gran medida del petróleo venezolano y Mexicano, de rutas ilícitas y de redes de apoyo que ahora están cortadas por el dominio militar estadounidense en el Caribe.

El reforzamiento de sanciones y el cerco naval han golpeado duramente al régimen cubano —socio político y económico de Caracas por décadas—. Aunque Cuba no participa militarmente en este conflicto, el aislamiento económico derivado de la incapacidad venezolana para enviar combustible, divisas y materias primas, unido a la caída del comercio ilícito, ha afectado severamente a la isla.

La disminución de combustibles y energía —insumos esenciales para la infraestructura y servicios básicos— y el colapso de los ingresos provenientes tanto de la cooperación con Venezuela como de las rutas del narcotráfico, están empujando al régimen de Díaz-Canel hacia una crisis cada vez más insostenible. El aparato represivo, históricamente eficaz, empieza a mostrar grietas. El pueblo cubano atraviesa un momento en el que incluso el miedo comienza a disiparse.

Cuba se queda literalmente sin energía. La ausencia del petróleo venezolano y mexicano ha sumido a los ciudadanos en un retroceso de más de un siglo. Aunque la vida sin electricidad es posible —yo mismo crecí en un pueblo con apenas tres horas de electricidad al día—, en Cuba el problema es distinto, la población carece de libertad para producir, comerciar y transportar alimentos. Y sin combustible, cualquier intento de subsistir por cuenta propia es prácticamente imposible.

Desde un punto de vista estratégico, el despliegue naval estadounidense no sólo presiona a Venezuela; también estrecha las rutas marítimas y aéreas que constituían redes logísticas clave para Cuba. Este aspecto —poco abordado por la prensa— es uno de los efectos colaterales más importantes, el debilitamiento estructural de dos regímenes sostenidos por redes de apoyo criminal transnacionales.

Las consecuencias del aislamiento en Cuba también se reflejan en el ámbito social. Hace semanas se produjo el primer paro estudiantil en 60 años, un hecho inédito que refleja frustración económica y falta total de expectativas de futuro. A ello se suman apagones constantes y protestas derivadas del colapso energético y de la escasez de divisas. La población percibe que las ayudas prometidas nunca llegan a quienes más las necesitan.

Aunque estas protestas no son consecuencia exclusiva del despliegue militar, la combinación de factores —sanciones, vigilancia del mar y aislamiento político— ha intensificado la presión interna y fortalecido un caldo de cultivo para el descontento que pocas veces recibe la atención mediática que sí tiene la crisis venezolana.

La estrategia estadounidense puede interpretarse, desde una perspectiva geopolítica, como una jugada de doble filo, presión directa sobre Venezuela y presión indirecta, pero devastadora, sobre Cuba. Al bloquear las rutas, Estados Unidos limita el financiamiento del régimen venezolano y, simultáneamente, asfixia al cubano, que depende históricamente de Caracas.

El aislamiento político, el debilitamiento económico y la fractura social creciente en dos de los regímenes más corruptos y autoritarios de América Latina representan una posible oportunidad para que estos pueblos, por fin, recuperen la democracia y la libertad.

Si Trump logra mantener la presión el tiempo suficiente —no sólo en el mar Caribe, sino también sobre las rutas terrestres del narcotráfico— podría generarse el escenario propicio para levantamientos populares. El factor demográfico, sin embargo, no es menor, tanto Cuba como Venezuela han perdido a gran parte de su población joven debido a la migración forzada. En ambos países quedan, mayoritariamente, personas muy mayores o muy jóvenes para liderar un movimiento capaz de derrocar a estos regímenes.

Por eso, más allá de la estrategia militar, será necesario un componente de oportunidad —de azar político— que permita que esta presión externa desencadene condiciones para que las propias fuerzas militares de estos países den los golpes internos que finalmente aparten a sus tiranos del poder.

Por: Néstor Saul Caicedo Galíndez